Qué ley gobierna en la Guajira?

 

 

Si la sociedad guajira decide perpetuar este injusto orden social y permanecer impasible ante los hechos, sólo le quedará un recurso: colocar sobre el puente del río Palomino el letrero que Dante asegura existe a la entrada del infierno y que dice ‘Vosotros, que entráis, dejad aquí toda esperanza’.”

Weildler Guerra Curvelo,
Antropólogo wayúu

 

El 19 de Junio (2019) circuló por las redes sociales un anuncio en que “EL PATRON DE LA SIERRA” decretaba paro de 72 horas en la troncal del Caribe, entre la ciudad de Santa Marta y Riohacha. El anuncio declaraba objetivo militar a toda persona que estuviera fuera a partir de las 6 de la tarde. “Nos haremos sentir a las buenas o a las malas”, advertía al final. Debajo aparecía una calavera negra sobre dos fusiles cruzados.

El paro era en represalia y protesta por la muerte de “Chucho Mercancía” y Mario Giraldo, los dos cabecillas de la banda de los Pachencas.

Según Noticias Caracol, el ex-paramilitar Hernán Giraldo, quien paga condena en Estados Unidos por narcotráfico, habría ordenado, desde la cárcel, a su lugarteniente “Chucho Mercancía”, dar poder a su sobrino Mario Giraldo para preparar el terreno a fin de apoderarse de los negocios ilegales de esa zona del Caribe, tan pronto terminara de pagar su condena y regresara a Colombia.

Uno de los Pachencas se siente sustituido en la línea de mando e informa a la Policía sobre una cumbre de narcotraficantes colombianos y mexicanos  en zona rural de Machete Pelao, Magdalena. El 15 de junio, los comandos de la policía dan de baja  a “Chucho Mercancía” y a su segundo, Mario Giraldo.

De inmediato, el Clan del Golfo, la banda criminal que domina el Urabá, anunció, a través de un comunicado, que se tomarán el control de la costa, aprovechando la debilitada estructura de los Pachencas, que hasta hoy, controlan el 80% de las rutas de narcotráfico en la Sierra.

Según la Defensoría del Pueblo, Los Pachencas surgieron en 2007 un año después de la desmovilización del frente Resistencia Tayrona de las AUC.  Y se dedicaron a controlar el tráfico de drogas, extorsionar y cuidar las propiedades de la familia de Hernán Giraldo. Según esta fuente, el grupo armado “controla en buena medida las actividades turísticas” del sector del municipio de Guachaca en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Noticias Caracol (21.06.2019) informó que «Con mariachis  y disparos al aire, una multitud despidió al líder de los Pachencas, ‘Chucho Mercancía’. Comerciantes y líderes de Guachaca relataron que la mayoría de asistentes, eran personas encapuchadas y con armas de fuego que sembraron terror en la población».

En los días previos, el paro de 72 horas decretado por los Pachencas se hizo efectivo a lo largo de toda la troncal del Caribe, entre Buritaca, cerca de Santa Marta, y la ciudad de Riohacha. Vale decir la puerta de entrada a todo el departamento de la Guajira.

El miedo se impuso y todos los establecimientos a lo largo de 150 kilómetros permanecieron cerrados. Y eso, a pesar de que soldados en traje de fatiga hacían guardia delante de las puertas cerradas.

¡Parecía que los habitantes obedecían a los Pachencas e ignoraban al ejército!. ¿O los soldados estaban ahí para garantizar que el paro de los Pachencas se cumpliera?

 

La colaboración entre ejército y mafias del narcotráfico se da en la Guajira desde hace muchos años. Lo que se proponía Hernán Giraldo, y ahora se propone el Clan del Golfo, es decir,  controlar las rutas del narcotráfico, incluidos los puertos estratégicos de embarque, ya lo hicieron las AUC en 2004, Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, a sangre y fuego. El 18 de abril de 2004, pocos días después  de instalada la mesa de negociación entre el Gobierno y los paramilitares en Santafé de Ralito, 40 hombres de “Jorge 40”, con la colaboración del ejército, asesinaron en Bahía Portete a 16 personas, la mayoría mujeres wayúu. Más de 600 fueron desplazadas hacia Venezuela.

Tres días antes de la masacre, las autoridades de Bahía Portete solicitaron protección a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Defensa. Memoria Histórica afirma que “en esos días los hombres del Batallón Cartagena, […] enviados en marzo de 2004 a Bahía Portete […], fueron retirados y destinados a prestar seguridad al entonces Presidente Álvaro Uribe, –extrañas coincidencias– quien visitaba la Alta Guajira para dar inicio a la operación del Parque Eólico Jepirrachi y anunciar un proyecto de desarrollo turístico”.[1]

“¡Mujeres wayúu en la mira!” fue la denuncia de Memoria Histórica: la masacre tenía la “intención de socavar los cimientos culturales del grupo”, “el exterminio cultural en una comunidad matrilineal [que] tiene consecuencias profundamente desestabilizadoras, no solo para las mujeres y niñas, sino para las comunidades locales y el pueblo Wayúu como sujeto colectivo”.[2] De 2004 a hoy, la comunidad wayúu sigue siendo diezmada por las balas, el hambre, la falta de agua, los proyectos mineros e industriales y la irresponsabilidad del gobierno.

Ante estos hechos, surgen ciertas preguntas:

¿Qué ley gobierna en la Guajira, promisorio y hermoso territorio abandonado desde siempre por el gobierno central? ¿La ley de los narcotraficantes con la complicidad de las Fuerzas Armadas?

[1] Declaración del militar Carlos Alberto Karan, Expediente Penal, Radicado: 1941. En: MEMORIA HISTÓRICA: La_masacre_de_Baha_Portete_mujeres_wayuu_en_la_mira.pdf

[2] Ibidem.

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